Este crimen fue decisivo para la marcha y resolución del
proceso.
El Gobernador de Aragón, con excelentes lazos con Castilla,
opto por aceptar tropas castellanas de auxilio, para poder mantener el reino en
orden. De esta manera Fernando de Antequera tomaba posición. Los partidarios de
Anjou no recibieron el apoyo de Francia y pasaron a apoyar al de Castilla
Los únicos que se mantenían, en su postura, eran los seguidores
del Conde de Urgell D- Jaime de Urgell
Benedicto XIII, como papa oriundo de Aragón, pudo intervenir
sin que los aragoneses vieran perturbación alguna en ello, por la admiración y
el respeto filial que le tenían.
Ya en el parlamento aragonés que preparó la Concordia de
Alcañiz y en el parlamento catalán de
Tortosa, había puesto de manifiesto su pensamiento político y la filosofía de
su planteamiento de la cuestión sucesoria, aconsejando que la solución
definitiva debía confiarse a unas cuantas personas elegidas por sus cualidades
morales y conocimientos legales y de gobierno.
Don Pedro de Luna fue el artífice del progresivo traslado de
la via iustitiae a la via compromissi que
se advierte en el proceso sucesorio, y, sobre todo, fue el principal valedor de
la persona del infante castellano don Fernando de Trastámara, en quien veía un
apoyo incondicional en el asunto del Cisma de Occidente. garantizándose la
obediencia papal de Castilla y Aragón en unos momentos en que peligraba el
pontificado aviñonés de Benedicto XIII.
Íntimamente ligada a la actuación del papa aragonés está la
figura de San Vicente Ferrer, quien actuó como instrumento de sus planes, basándose
en su autoridad moral y en la inclinación sentida hacia don Fernando,
correspondida ampliamente, durante el Interregno.
Fray Vicente Ferrer tuvo, además, el honor de formar parte de
los nueve «hombres justos» de Caspe, y de ser el encargado de proclamar y hacer
pública la elección del nuevo rey, así como de comunicarla al interesado.
El santo valenciano vio siempre en don Fernando de Trastámara
un colaborador eficaz de sus sermones contra los judíos de la Corona y un
servidor incondicional de los intereses de Benedicto XIII, a quien obedeció sin
miramientos hasta que Fernando I decretara la sustracción a la obediencia del
papa Aragonés de Aviñón en 1416.
La
Concordia de Alcañiz de febrero de 1412, regulaba en 28 capítulos el
procedimiento a seguir en la elección del nuevo monarca. En ella se diputaba a
catorce personalidades aragonesas para que proveyeran, investigaran y
decidieran con plenos poderes, junto con los representantes de los condados,
sobre la personalidad del candidato legalmente idóneo; deliberando, finalmente,
que la negociación se remitiese a nueve miembros, seleccionados entre los más
respetables, para que dialogaran y midieran los derechos de los aspirantes.
La
respuesta definitiva debía darse en el plazo de dos meses, a contar desde el 29
de marzo, con la posibilidad de una única prórroga que, en todo caso, no debía
sobrepasar el 29 de junio de aquel año; y el lugar de reunión debía ser la villa
de Caspe, que se vería protegida de cualquier intento armado externo o interno.
Respecto
a los nueve jueces, debían representar proporcionalmente a Aragón, Valencia y los
Condados (Cataluña); trasfiriéndoles plenos poderes y amplias facultades para
obrar en consecuencia, de manera que sirviera la decisión tomada como mínimo
por seis de ellos, siempre que hubiese al menos uno de cada reino.
Los
aragoneses que habían asumido la responsabilidad del parlamento aragonés
-Berenguer de Bardaxí, el gobernador y el Justicia del reino- la tomaron
también en la designación de los compromisarios, eclesiásticos o juristas todos
ellos.
Por
Aragón: Domingo Ram (obispo de Huesca), Francisco de Aranda (enviado de
Benedicto XIII) y el inefable Berenguer de Bardaxí;
Por
Valencia: Bonifacio y Vicente Ferrer y Giner Rabasa (sustituido luego por Pedro
Bertrán);
Por
los Condados (Cataluña): Pedro de
Sagarriga (arzobispo de Tarragona), Guillén de Vallseca y Bernardo de Gualbes.
Nombres
que fueron aceptados por los parlamentos de la Corona de Aragón sin apenas
reparos.
Con
ello la iniciativa aragonesa -respaldada por la autoridad espiritual de
Benedicto XIII- se había impuesto sobre la indecisión de los condados, la
división de los valencianos y la rebeldía de los conjurados en el paralelo
Parlamento de Mequinenza, que intentaba apoyar al conde de Urgel e invalidar
los demás parlamentos.
Los
compromisarios se encerraron finalmente en concilio sucesorio el 17 de abril
con absoluta reserva en sus deliberaciones, escuchando a los procuradores y
abogados de los candidatos.
Tras
una primera prórroga a partir del 28 de mayo, día en que expiraba el primer
plazo estipulado en la Concordia de Alcañiz, el 24 de junio, reunidos los
jueces en votación secreta, levantaron acta por triplicado.
Fernando
de Castilla obtuvo seis de los nueve votos: los tres aragoneses, los dos
valencianos de los hermanos Ferrer, y el catalán de Bernart Gualbes; al menos,
pues, uno de cada uno de los tres reinos.
La
sentencia de Caspe complació mucho en Aragón, menos en Valencia y escasamente
en los Condados (Cataluña).
El
día 28 de Junio de 1412, en la iglesia mayor de la villa, tras un solemne
oficio religioso, San Vicente Ferrer leía públicamente el acta de la elección,
culminando un episodio de la historia de Aragón que sirvió para introducir en
la Corona una nueva dinastía en la persona de Fernando I de Trastámara, quien
tuvo que resolver en primer lugar la violenta oposición del conde de Urgel y de
sus seguidores, encabezados por el aragonés Antón de Luna que nunca aceptaron
la resolución de Caspe.
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